Economía y bien común para el futuro (XVIII). Solidaridad II (70)

solidaridad II Este post es continuación directa del anterior, como ya se ha indicado. Se profundiza algo más en él en el tema de la solidaridad pública y sus áreas de actuación bien establecidas en las sociedades modernas como, las prestaciones por desempleo, enfermedad y jubilación. Se entra en lo que el autor que glosamos, Ben Ansell, llama trampa de la solidaridad, la cual se refiere a que en nuestras sociedades somos partidarios de estas actuaciones de los gobiernos cuando las necesitamos, pero enemigos cuando las necesitan otros o cuando tenemos todos que pagar por ellas. Se comentan al final algunas actuaciones posibles tendentes a sortear dicha trampa.

(Imagen de arriba, Faros de Islandia)

La sociedad del bienestar

Solidaridad es para Ansell la acción de los gobiernos para ayudar a los menos favorecidos por la fortuna. Cree este autor, y lo creemos todos hoy, que en una mayoría de países se han establecido a lo largo del siglo XX fórmulas de actuación pública destinadas, de hecho, a proteger a las personas, y a la sociedad en su conjunto, de los altibajos de la economía.

Pero, las importantes aportaciones públicas a esta tarea de bienestar social (cada vez mayores y muy relacionadas con la ideología de los gobiernos) no se establecen estrictamente para favorecer a los pobres, sino para proteger a los que se quedan sin empleo, a los enfermos y discapacitados y a los jubilados. Con el tiempo estas actuaciones de los gobiernos se han ido extendiendo a la educación, a los sistemas de salud y a otros servicios como guarderías, o permisos de trabajo por maternidad y paternidad. Existiendo también algunos programas de ayuda directa a la pobreza de larga duración y a las familias con todos sus miembros en situación de desempleo.

El interés por los demás, la caridad misma y la justicia social están presentes en muchos de estos programas, pero hay que reconocer que no son dichos componentes del comportamiento de las personas los que guían su implantación. Más bien existen motivos para la actuación de los gobiernos en estos terrenos por razones de estabilidad económica y social, orden y protección.

Como bien se sabe, fue el Mariscal Otto von Bismarck (1815-1898), creador de segundo imperio alemán, proclamado en París en 1871, tras la derrota de los franceses y la anexión de Baviera, el que introdujo al final de su largo gobierno (1862-1890) la organización inicial de la sociedad del bienestar. Lo hizo, no obstante, por razones típicas de gobierno: granjearse la amistad de los obreros y aislar a los sindicatos, contrarrestar el poder de las ideas socialistas y como parte de medidas proteccionistas destinadas a potenciar la industria alemana.

Una nueva curva parabólica para la solidaridad II

Muchas de esas medidas existían ya en las sociedades avanzadas de la época en forma de seguros privados, por ejemplo, de pensiones y desempleo. La novedad fue que se hicieran cargo de esos seguros, o sistemas de protección individual, los propios gobiernos. Hoy estamos acostumbrados a ellos, nos parecen un derecho irrenunciable y lo peor es que cada vez reclamamos más intervención pública en esas y otras áreas.

Y aquí es donde está el problema, ya que a pesar de que los Estados tienden a hacer algunas de esas cosas en forma de seguro y mutualismo, es decir, aprovechar el pago de todos para beneficiar a algunos (los que están empleados pagan por los desempleados, los que están sanos por los que están enfermos y los jóvenes por los ancianos), la realidad es que el dinero sale de los propios ciudadanos y no es extraño que los que no necesitan esas aportaciones se quejen por tener que contribuir a su financiación. O, aun admitiendo el principio de mutualidad, nos quejemos todos cuando los impuestos suben excesivamente.

De nuevo surge ante nosotros la relación de curva parabólica a la que hemos hecho referencia anteriormente, con la particularidad de que en este caso es una curva de oferta: a más seguros públicos más impuestos, o, dicho de otra forma, a más necesidades económicas, mayor desempleo y mayor pobreza más solidaridad pública es requerida. Y con el pormenor de que los más ricos son los que menos necesitan esa solidaridad y a los que más les cuesta tener que pagarla.

De nuevo identificamos como algo importante la necesidad de un equilibrio entre el nivel de necesidades y el de solidaridad pública. Un porcentaje alto de la población está contenta con un alto nivel de servicios públicos, pero le cuesta mucho tener que pagar cantidades excesivas en forma de impuestos para conseguirlos. Y, más aún, nos perjudicamos todos con los malos cálculos de los gobiernos en las cuentas públicas que hacen subir los déficits y los niveles de deuda.

Hacer bien los cálculos públicos y salir de la trampa de la solidaridad

Justo el día en que esto se escribe (20/04/2024) aparece en la prensa la noticia de que, “Bruselas refuta la reforma de las pensiones del ministro Escrivá”. Las autoridades europeas consideran que, con las reformas en la Seguridad Social introducidas en 2021 y 2023 cruzadas, probablemente, con el Ageing Report 2024 publicado ayer mismo, España será el país europeo en el que más aumenten los gastos en pensiones; 3,6 puntos del PIB hasta 2070.

Los porcentajes de gasto en pensiones subirán por encima de lo previsto por el gobierno español; el pico se producirá en 2050 con un porcentaje del 17, 3 % del PIB (el gobierno había previsto en sus cálculos un 15,6 %); produciéndose en 2070 un porcentaje máximo del 16,7 % frente a unas predicciones españolas del 12,9 %.

En cuanto a las propuestas de Ansell para escapar de la trampa de la solidaridad, es curioso, pero sitúa en primer lugar la adopción de sistemas de Renta Básica Universal (RBU) sin decantarse por: si el sistema es adicional al de la Seguridad Social existente hoy en una mayoría de países o un sistema alternativo. En el primer caso la gran dificultad está en que los gastos de Estado aumentan de forma considerable y en el segundo en que volvemos a responsabilizar a los individuos de su seguridad.

Hay otras propuestas de este autor que nos parecen más interesantes, aunque menos precisas. Se refieren a la necesidad de concienciarnos con la idea de nosotros y con la de comunidad, responsabilizarnos todos de la protección de los miembros de una sociedad y de la sociedad misma en su conjunto y, en otro orden de cosas, introducir información y transparencia en todo lo relacionada con la solidaridad pública para que todo el mundo sepa lo que aporta, lo que recibe y en qué se emplean sus impuestos.

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Doctor Ingeniero del ICAI y Catedrático de Economía Aplicada, Adolfo Castilla es también Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por Wharton School, Master en Ingeniería de Sistemas e Investigación Operativa por Moore School (Universidad de Pennsylvania). En la actualidad es asimismo Presidente de AESPLAN, Presidente del Capítulo Español de la World Future Society, Miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de la Ingeniería de España, Profesor de Dirección Estratégica de la Empresa en CEPADE y en la Universidad Antonio de Nebrija.

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